Agentes del Consulado de Marruecos en Canarias reclaman la ejecución de fallos judiciales y denuncian un clima de hostigamiento sistemático

Un conflicto laboral enquistado desde 2022

El Consulado de Marruecos en el archipiélago canario afronta una creciente controversia jurídica y laboral. Cuatro agentes locales —dos de ellos ya jubilados— han elevado una solicitud formal al ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, y a su homólogo marroquí, Nasser Bourita, para que intervengan ante lo que describen como un incumplimiento reiterado de resoluciones judiciales firmes. La misiva, enviada también a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, y al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, expone una situación que los firmantes califican de "jurídicamente grave" y que afecta tanto a los trabajadores como a la credibilidad del sistema legal español.

Los conflictos se intensificaron notablemente tras la llegada de Fatiha El Kamouri como cónsul en 2022. Desde entonces, los empleados sujetos a la normativa laboral española —denominados agentes locales— han presentado más de una veintena de demandas. En total, las reclamaciones económicas ascienden a 108.569 euros, distribuidas entre conceptos como antigüedad, bolsa de vacaciones, complementos por incapacidad temporal y gratificaciones, además de indemnizaciones por acoso laboral y daño moral.