Vox registra en el Congreso una proposición no de ley para exigir la devolución inmediata de los menores migrantes no acompañados a Marruecos

El Grupo Parlamentario Vox ha dado un paso al frente en la arena política nacional al presentar este jueves una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados. La iniciativa, que será debatida en la Comisión de Interior, gira en torno a un eje central: la exigencia de que España cumpla el acuerdo firmado con Marruecos en 2007 sobre el retorno de menores no acompañados, y el rechazo frontal a cualquier tipo de distribución de estos jóvenes por el territorio español.

El texto presentado por la formación política recuerda que el convenio hispano-marroquí se rubricó en Rabat el 6 de marzo de 2007 y que, a día de hoy, sigue plenamente vigente. Según Vox, aquel pacto establece de manera clara la obligación de garantizar el retorno asistido de los menores a sus familias o, en su defecto, a la institución de tutela correspondiente en su país de origen, además de promover su reinserción social. Por tanto, la formación sostiene que la tutela prolongada por parte de las autoridades españolas y el ingreso de estos jóvenes en centros de acogimiento residencial no se ajustan a lo estipulado en el acuerdo bilateral.

La llegada masiva a Ceuta y el impacto demográfico en la ciudad

La proposición no de ley pone especial énfasis en lo ocurrido durante los últimos días de julio en Ceuta, cuando se produjo una entrada masiva de personas en situación irregular. Vox habla de una cifra aproximada de 80.000 inmigrantes ilegales, aunque admite que el número exacto sigue sin conocerse debido a la falta de transparencia del Gobierno central. Este flujo humano, en una ciudad que apenas supera los 84.000 empadronados, supone un desafío mayúsculo para una localidad que ve cómo su población podría llegar a duplicarse de forma repentina.

Para la formación, esta avalancha no es un simple episodio migratorio, sino que representa lo que denominan un ataque directo a la soberanía territorial española y a la capacidad real de acogida del país. Dentro de ese contingente, subrayan, había también menores extranjeros no acompañados, de los que no se ha podido determinar con seguridad cuántos fueron atendidos por las instituciones españolas. Vox denuncia que todos ellos permanecen en territorio nacional sin haber sido devueltos a Marruecos, lo que, a su juicio, supone un abierto desafío a la legalidad vigente.

Las claves de la postura del partido ante el reparto autonómico

Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es la dura crítica al Ejecutivo por su decisión de trasladar a los menores entre distintas comunidades autónomas. Vox considera que esta medida se ha tomado huyendo del cumplimiento del acuerdo internacional y sin que exista una voluntad real de reunificar a los menores con sus familias. Además, recuerda que varias comunidades han manifestado ya su negativa rotunda a asumir esa función, lo que genera un escenario de confrontación política y territorial.

La formación califica lo sucedido como un flagrante acto de guerra híbrida mediante la instrumentalización de inmigrantes ilegales por parte de Marruecos, y sostiene que el verdadero interés superior del menor es regresar a su hogar.

Por ello, Vox insta al Gobierno a activar de inmediato los mecanismos previstos en el acuerdo de cooperación con Marruecos, orientados a la protección y al retorno concertado de los menores para su reagrupación familiar en sus lugares de origen. Igualmente, exigen la paralización inmediata de cualquier reparto de menores extranjeros no acompañados por el territorio nacional.

Pruebas de edad y expedientes individualizados: otra de las exigencias

La proposición no de ley también incorpora una condición adicional de calado: no se debe proceder, bajo ningún concepto, al traslado de menor alguno que se encuentre actualmente en Ceuta mientras no hayan concluido las pruebas de determinación de la edad y no se hayan resuelto los correspondientes expedientes individualizados de devolución mediante resolución firme. Esta petición busca garantizar que cada caso sea analizado de manera particular y que no se tomen decisiones basadas en criterios generales o precipitados.

Para quienes deseen profundizar en el marco jurídico que rodea esta cuestión, existen manuales especializados como los disponibles en derecho de extranjería, así como publicaciones centradas en la protección de menores que permiten entender mejor los procedimientos legales implicados.

La respuesta contundente de Óscar Fernández Calle desde Extremadura

La postura de Vox no se ha quedado solo en el plano parlamentario. Este mismo jueves, el vicepresidente de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha vuelto a pronunciarse en una entrevista en Antena 3 sobre este asunto. En sus declaraciones, ha insistido en que los menores que llegaron a Ceuta tienen a sus familias muy cerca, a unos 500 metros de distancia, por lo que la solución más lógica sería enviarlos de vuelta con las suyas. En sus propias palabras: «Deberíamos enviarles con sus familias, que es con quien deben estar».

Fernández Calle ha confirmado además que todas las comunidades donde Vox tiene responsabilidades de Gobierno se opondrán activamente a participar en el reparto de menores. Su compromiso es firme: «Nosotros nos vamos a oponer por tierra, mar y aire a que llegue ningún menor a Extremadura». El dirigente ha asegurado que emplearán todas las vías posibles a su alcance, ya sean políticas, administrativas o judiciales, para impedir cualquier traslado de menores a la región.

La formación también ha querido dejar claro que mantiene una postura irrevocable frente a la amenaza de intervención de la Fiscalía, reiterando que no participarán en un reparto que consideran ilegítimo y contrario a los acuerdos bilaterales existentes. Esta resistencia se enmarca dentro de una estrategia más amplia de presión al Gobierno central para que modifique su política migratoria y priorice el retorno de los menores a su país de origen.

La propuesta presentada por Vox añade además un elemento de reflexión sobre el modelo de acogida actual. Para el partido, los centros de menores no deberían convertirse en un destino a largo plazo para quienes han llegado de forma irregular, sino que el objetivo principal tendría que ser siempre la reunificación familiar en el lugar de procedencia. Esta visión choca frontalmente con la estrategia del Ejecutivo, que ha optado por distribuir a los menores entre las distintas comunidades autónomas para aliviar la presión sobre Ceuta y otros puntos de entrada.

El debate queda ahora abierto a la espera de lo que ocurra en la Comisión de Interior, donde la proposición no de ley será discutida y votada. Mientras tanto, Vox insiste en su discurso de firmeza contra la inmigración irregular y en su defensa de la legalidad internacional como hoja de ruta para resolver la situación de estos menores. La formación sostiene que el cumplimiento del acuerdo de 2007 es la única vía coherente para poner orden en un escenario marcado por la improvisación y la falta de transparencia que, según ellos, ha caracterizado la gestión gubernamental de esta crisis migratoria.